Hoy 20 de noviembre, se cumplen 99 años de la fecha a la que el señor Francisco I. Madero convocó para iniciar el desconocimiento del Presidente Porfirio Díaz por medio del levantamiento armado.
El llamado a las armas lo convocó a través de su “Plan de San Luis”. En el punto tercero de este plan, Madero promete hacer una revisión de los casos de despojo de tierras padecidos por la población mexicana. El mismo Madero declaraba que la Ley de Baldíos se había prestado para muchos abusos que había que reparar. Es decir, Madero reconoció en su Plan, de una manera explícita, que el gobierno y la legislación mexicanos eran culpables de una situación social de abuso e injusticia crónicos.
Esta “ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos fue promulgada el 26 de marzo de 1894, y tenía como antecedente inmediato la “ley de baldíos” dictada por Benito Juárez el 22 de julio de 1863. Ambas tenían como fundamento el artículo 27 de la Constitución de 1857, la cual reconocía solamente la propiedad individual de la tierra, pero no la comunal. Desde luego, se trataba de una medida altamente racista, que dirigía su golpe contra los indígenas y algunas corporaciones.
Estas tres leyes, dictadas por el gobierno mexicano, hicieron extremadamente sencillo que cualquier persona con algo de dinero, denunciara como “baldías” o “sin dueño” las tierras poseídas en común por indígenas y mestizos. Los indígenas estaban en posesión de sus tierras de inmemorial, incluso desde tiempos precortesianos, cuando esas tierras tenían el estatus de “calpullis” o tierras de clan, como las de Escocia. Sin embargo, el gobierno, de un plumazo, les arrebató el derecho a la propiedad y los despojó de la posesión continua, quieta y pacífica de centenares de años, para entregárselas a los advenedizos que ofrecían sumas ridículas por ellas.
La historia oficial de la Revolución Mexicana, rara vez señala a la legislación o al gobierno como los grandes culpables de la situación de despojo que vivieron los campesinos a manos de los hacendados. Por lo general se culpa la voracidad de estos últimos, pero nunca la complicidad del gobierno. Y hay que recordar que no fue el gobierno de Porfirio Díaz el que elucubró esta manera fácil y rápida de hacer dinero a costa de los posesores agrarios indígenas, sino los constituyentes de 1857, y 6 años más tarde, el presidente Benito Juárez en persona.
El llamado a las armas lo convocó a través de su “Plan de San Luis”. En el punto tercero de este plan, Madero promete hacer una revisión de los casos de despojo de tierras padecidos por la población mexicana. El mismo Madero declaraba que la Ley de Baldíos se había prestado para muchos abusos que había que reparar. Es decir, Madero reconoció en su Plan, de una manera explícita, que el gobierno y la legislación mexicanos eran culpables de una situación social de abuso e injusticia crónicos.
Esta “ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos fue promulgada el 26 de marzo de 1894, y tenía como antecedente inmediato la “ley de baldíos” dictada por Benito Juárez el 22 de julio de 1863. Ambas tenían como fundamento el artículo 27 de la Constitución de 1857, la cual reconocía solamente la propiedad individual de la tierra, pero no la comunal. Desde luego, se trataba de una medida altamente racista, que dirigía su golpe contra los indígenas y algunas corporaciones.
Estas tres leyes, dictadas por el gobierno mexicano, hicieron extremadamente sencillo que cualquier persona con algo de dinero, denunciara como “baldías” o “sin dueño” las tierras poseídas en común por indígenas y mestizos. Los indígenas estaban en posesión de sus tierras de inmemorial, incluso desde tiempos precortesianos, cuando esas tierras tenían el estatus de “calpullis” o tierras de clan, como las de Escocia. Sin embargo, el gobierno, de un plumazo, les arrebató el derecho a la propiedad y los despojó de la posesión continua, quieta y pacífica de centenares de años, para entregárselas a los advenedizos que ofrecían sumas ridículas por ellas.
La historia oficial de la Revolución Mexicana, rara vez señala a la legislación o al gobierno como los grandes culpables de la situación de despojo que vivieron los campesinos a manos de los hacendados. Por lo general se culpa la voracidad de estos últimos, pero nunca la complicidad del gobierno. Y hay que recordar que no fue el gobierno de Porfirio Díaz el que elucubró esta manera fácil y rápida de hacer dinero a costa de los posesores agrarios indígenas, sino los constituyentes de 1857, y 6 años más tarde, el presidente Benito Juárez en persona.
No fue sino hasta 1917 que los nuevos constituyentes reconocieron la propiedad comunal de la tierra, en el artículo 27 de la Carta Magna. Para ello tuvo que ocurrir una ruptura institucional, confrontación de diversos movimientos armados, y sobre todo, un millón de muertos.
¿No se podía haber evitado este lado obscuro de los hechos, simplemente con que los legisladores escucharan las demandas del pueblo?
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