Uno de los principios básicos de las ciencias duras, consiste en que los experimentos que se realizan, deben poderse repetir innumerables veces para comprobar si efectivamente siempre se producen los mismos resultados, dadas las mismas circunstancias. En base a este principio, se enuncian las leyes: siempre que ocurra X, se producirá Y.
Este mismo principio se aplica en las ciencias sociales, y muy particularmente, en la escritura de la Historia. Cualquier documento que sirva de sustento para una afirmación realizada por un historiador, debe se ser perfectamente localizable, para su escrutinio de parte de la comunidad académica. Así como los científicos revisan si efectivamente los resultados de los experimentos coinciden, de manera similar los historiadores desean saber si las interpretaciones en torno a la lectura de un documento dado, coinciden, si se establecen consensos o disensos.
Por esta razón, todo historiador serio debe proporcionar las fuentes en las que se basan sus afirmaciones. Las citas al pie o al final, así como las referencias bibliográficas, tienen este fin. Que los lectores tengan la posibilidad de consultar las mismas fuentes, y la libertad de coincidir o diferir en la interpretación propuesta.
De otra manera, se pensaría que las afirmaciones presentadas por estos historiadores carecen de sustento, o bien, que se trata de meras invenciones, sin interés ni trascendencia alguna. Es el problema de que adolecen los trabajos de nuestro ilustre antecesor, Cronista de la Ciudad, Eduardo Guerra. En sus obras, hay aportación de una buena cantidad de datos de la mayor importancia para la historia de La Laguna. Sin embargo, nunca dejó las referencias que nos permitirían saber dónde se encuentran esos documentos. No hay manera de localizarlos y releerlos. Por lo tanto, no nos queda sino creerle a Guerra realizando un acto de fe en él, pero este constituye un acto inaceptable para la ciencia. Cuando aparezcan las fuentes originales en las que se basó y se puedan cotejar, entonces Guerra obtendrá un estatus diferente.
Por otra parte, la gran mayoría de los documentos de carácter histórico, se encuentran ubicados en los archivos públicos o privados. Puede ser que algún historiador, aficionado o profesional, localice en estos archivos un documento inédito, uno del cual no se hubiera escrito nada anteriormente. Ese historiador tiene todo el derecho a publicar el texto y su interpretación crítica del mismo, y tal vez, quedar registrado como el primer comentarista que lo abordó. Sin embargo, y por lo mismo que he mencionado anteriormente, no puede dicho historiador reclamar sobre el documento, el derecho exclusivo de mención o interpretación.
En nuestra Comarca Lagunera, donde la escritura de la historia profesional se encuentra apenas en vías de desarrollo, es muy frecuente que el autor de algún libro se sienta “ultrajado” porque otro autor realiza una transcripción independiente o nueva interpretación de “su documento”, como si no fuera un derecho de los científicos sociales el tener la posibilidad de establecer nuevas lecturas a partir de fuentes primarias, que además, son de carácter público, por estar ubicados estas fuentes en archivos de acceso universal.
Solo un historiador ingenuo puede pretender que, por el hecho de abordar un documento antes que otros, establece un derecho de copia (copyright) o de autoría intelectual sobre el original. Y nótese bien que digo “sobre el original” y no sobre su creación plasmada en un libro. El historiador siempre tiene derechos de autoría, y muchas veces de copia, sobre los libros que escribe, pero no sobre los documentos originales que cita. Dichos documentos no fueron escritos por él. No le pertenecen.
Por otra parte, “publicar” no significa necesariamente dar a conocer. Los debates en los círculos de historiadores científicos ordinariamente se nutren de las obras aportadas por otros científicos reconocidos. Es muy difícil que tomen en serio las obras de personas que no tienen ni la formación ni el reconocimiento de científicos. Para tener un verdadero reconocimiento, los historiadores deben someterse al proceso de dictamen de sus artículos, para su aprobación y publicación. Siempre debe haber un organismo científico avalando la producción historiográfica. En el caso de libros completos, las instancias que suelen avalar el contenido mediante dictamen son las universidades, instituciones de investigación, o las editoriales especializadas como el Fondo de Cultura Económica.
Este mismo principio se aplica en las ciencias sociales, y muy particularmente, en la escritura de la Historia. Cualquier documento que sirva de sustento para una afirmación realizada por un historiador, debe se ser perfectamente localizable, para su escrutinio de parte de la comunidad académica. Así como los científicos revisan si efectivamente los resultados de los experimentos coinciden, de manera similar los historiadores desean saber si las interpretaciones en torno a la lectura de un documento dado, coinciden, si se establecen consensos o disensos.
Por esta razón, todo historiador serio debe proporcionar las fuentes en las que se basan sus afirmaciones. Las citas al pie o al final, así como las referencias bibliográficas, tienen este fin. Que los lectores tengan la posibilidad de consultar las mismas fuentes, y la libertad de coincidir o diferir en la interpretación propuesta.
De otra manera, se pensaría que las afirmaciones presentadas por estos historiadores carecen de sustento, o bien, que se trata de meras invenciones, sin interés ni trascendencia alguna. Es el problema de que adolecen los trabajos de nuestro ilustre antecesor, Cronista de la Ciudad, Eduardo Guerra. En sus obras, hay aportación de una buena cantidad de datos de la mayor importancia para la historia de La Laguna. Sin embargo, nunca dejó las referencias que nos permitirían saber dónde se encuentran esos documentos. No hay manera de localizarlos y releerlos. Por lo tanto, no nos queda sino creerle a Guerra realizando un acto de fe en él, pero este constituye un acto inaceptable para la ciencia. Cuando aparezcan las fuentes originales en las que se basó y se puedan cotejar, entonces Guerra obtendrá un estatus diferente.
Por otra parte, la gran mayoría de los documentos de carácter histórico, se encuentran ubicados en los archivos públicos o privados. Puede ser que algún historiador, aficionado o profesional, localice en estos archivos un documento inédito, uno del cual no se hubiera escrito nada anteriormente. Ese historiador tiene todo el derecho a publicar el texto y su interpretación crítica del mismo, y tal vez, quedar registrado como el primer comentarista que lo abordó. Sin embargo, y por lo mismo que he mencionado anteriormente, no puede dicho historiador reclamar sobre el documento, el derecho exclusivo de mención o interpretación.
En nuestra Comarca Lagunera, donde la escritura de la historia profesional se encuentra apenas en vías de desarrollo, es muy frecuente que el autor de algún libro se sienta “ultrajado” porque otro autor realiza una transcripción independiente o nueva interpretación de “su documento”, como si no fuera un derecho de los científicos sociales el tener la posibilidad de establecer nuevas lecturas a partir de fuentes primarias, que además, son de carácter público, por estar ubicados estas fuentes en archivos de acceso universal.
Solo un historiador ingenuo puede pretender que, por el hecho de abordar un documento antes que otros, establece un derecho de copia (copyright) o de autoría intelectual sobre el original. Y nótese bien que digo “sobre el original” y no sobre su creación plasmada en un libro. El historiador siempre tiene derechos de autoría, y muchas veces de copia, sobre los libros que escribe, pero no sobre los documentos originales que cita. Dichos documentos no fueron escritos por él. No le pertenecen.
Por otra parte, “publicar” no significa necesariamente dar a conocer. Los debates en los círculos de historiadores científicos ordinariamente se nutren de las obras aportadas por otros científicos reconocidos. Es muy difícil que tomen en serio las obras de personas que no tienen ni la formación ni el reconocimiento de científicos. Para tener un verdadero reconocimiento, los historiadores deben someterse al proceso de dictamen de sus artículos, para su aprobación y publicación. Siempre debe haber un organismo científico avalando la producción historiográfica. En el caso de libros completos, las instancias que suelen avalar el contenido mediante dictamen son las universidades, instituciones de investigación, o las editoriales especializadas como el Fondo de Cultura Económica.
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