El Río Nazas, límite entre los Estados de Coahuila y Durango
El 21 de mayo de 1785, Carlos III de España firmó el nombramiento del nuevo gobernador de la Nueva Vizcaya, don Felipe Díaz de Ortega. Ese nombramiento mandaba asimismo la separación de la jurisdicción de La Laguna entre Coahuila y Durango.
Por increíble que parezca, todavía en 1881 estaba sobre el escritorio el problema de límites que esta separación generó.
Con la resolución de este problema en mente, en febrero de 1859 se celebró una conferencia entre los señores gobernadores Gómez Palacio y Vidaurri. Éste último era por entonces gobernador de Coahuila y Nuevo León. El gobernador de Coahuila reclamaba, en base a los arreglos coloniales, la jurisdicción política sobre lo que ahora conocemos como Raymundo, Lerdo, todos los ranchos ribereños y más al norte, hasta Mapimí, en el Estado de Durango.
El 10 de mayo de 1881 seguía vigente la disputa, y el gobernador de Durango le manifestaba al de Coahuila su disposición para llegar a una solución permanente y definitiva sobre estos puntos.
El gobierno de Coahuila esgrimía el siguiente argumento:
“Es indudable que el marquesado de Aguayo en este Estado fue dueño, entre otras propiedades, de las que tomaron las haciendas de San Lorenzo y La Sauceda, cuyas posesiones se extendieron por uno y otro lado del Río Nazas hasta la falda de la Sierra de Mapimí, desde la Boca de Calabazas, hoy de Raymundo, hasta la Laguna del Tlahualilo. Del marquesado pasaron estas fincas al dominio de su concurso, el cual las enajenó a los Sres. Sánchez Navarro, y éstos a su vez transmitieron parte de aquéllas propiedades a los Sres. Leonardo Zuloaga y Juan Ignacio Jiménez el año de 1848. Coahuila cobró las contribuciones que causó aquella traslación de dominio, y debió seguir percibiendo los impuestos con que sus leyes han gravado la propiedad territorial, pero la separación de bienes entre los compradores hizo que el segundo, que fue vecino de Durango, se sustrajera al pago de estos impuestos, y este acto subversivo seguido por sus sucesores en la propiedad, ha servido de base a un desconocimiento en la jurisdicción y en el ejercicio de la soberanía que incuestionablemente corresponde a Coahuila, y que no ha perdido ni puede perder por la resistencia de sus malos habitantes en estos puntos limítrofes del Estado”.
En mayo de 1881, un impreso de la Tipográfica del Progreso de San Pedro, Coahuila, firmado por Antonio Mier, el editor responsable, anunciaba que en el curso de ocho días estaría en Lerdo el gobernador de Coahuila, acompañado de la Comisión de Límites de parte de Coahuila. Se esperaba que asistiera también el gobernador de Durango con la comisión respectiva, por haber sido invitados al encuentro. En su encabezado, el impreso decía: “A los habitantes del Partido de Mapimí. Los hijos de San Pedro mandan la expresión de sus sentimientos de fraternidad”. Y manifestaba, entre otras cosas:
“Es incalculable el desarrollo que tomarían las empresas agrícolas en esta Comarca de La Laguna, con solo el hecho de estar bajo el régimen de un solo gobierno. El de Coahuila está resuelto a darnos todo género de garantías y a procurarnos cuantas facilidades estén a su alcance”.
“Terminarán las cuestiones de aguas entre los de arriba y los de abajo. El gobierno dictará prudentes disposiciones para reglamentar el uso de ellas, de modo que se concilien los intereses del grande y opulento propietario como los del humilde labrador que riegan la tierra con el sudor de su rostro”.
Véase “Archivo General del Estado de Coahuila”, Fondo Siglo XIX, c 5, f 9, e 15, f 4.
Por increíble que parezca, todavía en 1881 estaba sobre el escritorio el problema de límites que esta separación generó.
Con la resolución de este problema en mente, en febrero de 1859 se celebró una conferencia entre los señores gobernadores Gómez Palacio y Vidaurri. Éste último era por entonces gobernador de Coahuila y Nuevo León. El gobernador de Coahuila reclamaba, en base a los arreglos coloniales, la jurisdicción política sobre lo que ahora conocemos como Raymundo, Lerdo, todos los ranchos ribereños y más al norte, hasta Mapimí, en el Estado de Durango.
El 10 de mayo de 1881 seguía vigente la disputa, y el gobernador de Durango le manifestaba al de Coahuila su disposición para llegar a una solución permanente y definitiva sobre estos puntos.
El gobierno de Coahuila esgrimía el siguiente argumento:
“Es indudable que el marquesado de Aguayo en este Estado fue dueño, entre otras propiedades, de las que tomaron las haciendas de San Lorenzo y La Sauceda, cuyas posesiones se extendieron por uno y otro lado del Río Nazas hasta la falda de la Sierra de Mapimí, desde la Boca de Calabazas, hoy de Raymundo, hasta la Laguna del Tlahualilo. Del marquesado pasaron estas fincas al dominio de su concurso, el cual las enajenó a los Sres. Sánchez Navarro, y éstos a su vez transmitieron parte de aquéllas propiedades a los Sres. Leonardo Zuloaga y Juan Ignacio Jiménez el año de 1848. Coahuila cobró las contribuciones que causó aquella traslación de dominio, y debió seguir percibiendo los impuestos con que sus leyes han gravado la propiedad territorial, pero la separación de bienes entre los compradores hizo que el segundo, que fue vecino de Durango, se sustrajera al pago de estos impuestos, y este acto subversivo seguido por sus sucesores en la propiedad, ha servido de base a un desconocimiento en la jurisdicción y en el ejercicio de la soberanía que incuestionablemente corresponde a Coahuila, y que no ha perdido ni puede perder por la resistencia de sus malos habitantes en estos puntos limítrofes del Estado”.
En mayo de 1881, un impreso de la Tipográfica del Progreso de San Pedro, Coahuila, firmado por Antonio Mier, el editor responsable, anunciaba que en el curso de ocho días estaría en Lerdo el gobernador de Coahuila, acompañado de la Comisión de Límites de parte de Coahuila. Se esperaba que asistiera también el gobernador de Durango con la comisión respectiva, por haber sido invitados al encuentro. En su encabezado, el impreso decía: “A los habitantes del Partido de Mapimí. Los hijos de San Pedro mandan la expresión de sus sentimientos de fraternidad”. Y manifestaba, entre otras cosas:
“Es incalculable el desarrollo que tomarían las empresas agrícolas en esta Comarca de La Laguna, con solo el hecho de estar bajo el régimen de un solo gobierno. El de Coahuila está resuelto a darnos todo género de garantías y a procurarnos cuantas facilidades estén a su alcance”.
“Terminarán las cuestiones de aguas entre los de arriba y los de abajo. El gobierno dictará prudentes disposiciones para reglamentar el uso de ellas, de modo que se concilien los intereses del grande y opulento propietario como los del humilde labrador que riegan la tierra con el sudor de su rostro”.
Véase “Archivo General del Estado de Coahuila”, Fondo Siglo XIX, c 5, f 9, e 15, f 4.
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