Hay algunas incongruencias de fondo en la reciente acción gubernamental de traspasar la cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Aunque esta decisión puede ser legalmente correcta (los especialistas en Derecho podrán decirlo), la verdad es que el Estado Mexicano ha sido el garante del interés social de dichas viviendas. No obstante, al traspasar los adeudos de un fondo nacional a empresas capitalistas internacionales como Pendulum Associates, el enfoque que se le da al problema de la falta de solvencia de muchos trabajadores, es incorrecto. Ese mismo Estado Mexicano ha sido incapaz de proporcionar trabajo digno y calidad de vida (en términos de ingreso) a aquellos trabajadores que actualmente se encuentran endeudados.
Es tiempo de reflexionar los términos del pacto social que rige en México. ¿A quiénes sirve el Estado Mexicano? ¿Cómo entiende el Estado el bien común?
Como propietarias de su vivienda, muchas familias pueden sobrevivir a la crisis actual con empleos marginales. Pero sin una vivienda, están condenados a la desesperación. En el contexto de la crisis actual, pensar en los trabajadores morosos como si fueran simples entes económicos que han dejado de ser rentables, no es conforme al espíritu original de la Ley del Infonavit (“Tu derecho a vivir mejor”). Nuestra sociedad no puede desligarse de su propio fracaso. Nuestra sociedad falló en crear empleos y mejores oportunidades para dichos trabajadores. No puede ahora dejarlos en manos de acreedores extranjeros.
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