46 años de impunidad

Un presidente asesino

Hoy se cumplen 46 años de la abominable y aún impune matanza de Tlatelolco, así como del inicio de las criminales persecuciones posteriores que duraron semanas. Sin embargo, nadie le pidió cuentas al ex presidente Díaz Ordaz, quien asumió la responsabilidad del hecho. 

Pero tampoco se ha podido actuar legalmente en contra del que entonces era Secretario de Gobernación y posteriormente Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Más allá de las fallas, carencias o corrupciones del sistema legal mexicano, el pueblo sabe bien que este individuo tuvo culpa y responsabilidad en los hechos del 68. ¿Será que goza de la protección de los Estados Unidos? 

¿Cómo pudo un gobierno que manejaba la Revolución Mexicana como bandera, y al pueblo mexicano como sujeto y beneficiario de la justicia social lograda por dicha Revolución, masacrar a indefensos hombres, mujeres, jóvenes y niños de una manera tan alevosa y cruel? Ni el odiado Porfirio Díaz, y ni siquiera los autócratas zares, llegaron a tanto. 

¿Estuvo de por medio la paranoia de los Estados Unidos contra todo aquello que oliera lejanamente a comunismo en el mundo occidental de 1968, y de manera particular en su frontera sur? ¿Influyó la Primavera de Praga, los movimientos estudiantiles de Francia y de los Estados Unidos de 1968? ¿Tuvo Estados Unidos participación en los sucesos del 2 de octubre por temor a las infiltraciones cubanas o soviéticas en los movimientos estudiantiles mexicanos? 

¿Por qué el ex presidente Echeverría goza de tal inmunidad que ha sido imposible hasta ahora fincarle responsabilidad alguna?  Quizá las leyes del país lo protegen, y aún eso es discutible. Pero ciertamente y en el dudoso caso de que lo proteja la ley, no lo cobija la justicia. Lo legal no necesariamente es lo justo. Y en este país de impunidades, el genocidio del 2 de octubre de 1968 sigue sin culpables y sin castigos. 

Todos los mandatarios, al jurar y tomar posesión de su cargo, declaran solemnemente que si no cumplen bien con su cometido, “la nación se los demande”. Toda una nación le ha estado demandando al señor Díaz Ordaz y al señor Echeverría la responsabilidad que tuvieron en los hechos, y sin embargo, no hay recurso legal que valga. ¿No debería su partido político tomar cartas en el asunto y deslindarse de tal individuo fincando responsabilidades y aplicando el justo castigo? ¿Las acciones de un mal priísta no manchan la reputación de su partido?  Pareciera que no, como lo hemos visto en el caso del líder del PRI en el DF, quien sigue impune. 

Vicente Fox, en su momento, manejó como promesa de campaña presidencial perseguir y encarcelar a todos aquellos personajes que tuvieran deuda con la justicia, comenzando por Luis Echeverría. Sin embargo, Fox no solamente no cumplió su promesa, sino que se hizo cómplice de los delincuentes que iba a perseguir, al no proceder contra ellos.

El gobierno del presidente Calderón no se queda atrás por lo que se refiere a los crímenes de lesa humanidad, aquéllos que llamó desdeñosamente “daños colaterales”. Y como no están debidamente documentados, realmente no podemos conocer la magnitud de los hechos. 

Es decepcionante que en México el peso del sistema legal solamente se aplique contra los débiles y los indefensos, mientras que los verdaderos ladrones y asesinos mueren libres, algunos de ellos cobrando pensiones salariales pagadas por el mismo pueblo que masacraron.