Actualmente, los legisladores de nuestra nación dicen estar muy preocupados por la poca importancia que se le da a los derechos humanos en el contexto de la llamada guerra al narcotráfico, particularmente por lo que se refiere a los civiles afectados.
Esta es una buena oportunidad para que se lleve a cabo una reforma a profundidad, y no solamente para que se apliquen unos cuantos “parches” a las leyes y a los procedimientos judiciales. Es un buen momento para que se instituya el principio de que cualquier acusado es inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad.
En México, este principio no existe. Es exactamente al revés: todo acusado es culpable hasta que se demuestre su inocencia. No es de extrañar que la proyección de “presunto culpable”, el documental mexicano que hace poco fue vetado por una juez, cause el interés que ha causado entre el público. Este público lo percibe como una denuncia contra el sistema legal mexicano. El principio de presunta culpabilidad, suele ser muy útil en las dictaduras. Pero estamos celebrando casi 101 años de la Revolución Mexicana. Este anacronismo legal de la era de Porfirio Díaz, ya debería haber desaparecido.
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